LEY BASES

Cuáles son los cambios que traerá la “Ley Bases”

En lo que representa un gran triunfo político y legislativo para el gobierno de Javier Milei, el Senado de la Nación aprobó en general la “La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Aquí explicamos los principales cambios que propone.

Debieron pasar seis meses para que el gobierno que encabeza Javier Milei tenga su primer triunfo legislativo. Necesitó el voto de la Vicepresidente Victoria Villarroel para resolver el empate en 36 y aprobar en general la ley que fija los cimientos sobre los cuales el Presidente busca construir una nueva Argentina.

Victoria Villarroel a la hora de votar: “Aprobada la Ley Bases en lo general en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. El pueblo argentino me puso en este lugar y pensando en todos los argentinos que pese al sacrificio y el dolor sienten esperanza en el futuro, mi voto es afirmativo. ¡Todo por Argentina!

El paquete legislativo ahora vuelve a la Cámara de Diputados -que lo aprobó en abril- para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios, y allí se discutirá si se aprueba con los cambios hechos en el Senado o se quedan con la versión original aprobada hace unos meses.

¿Pero cuáles son los principales cambios que introduce la ley en la vida de los argentinos y pone en contexto el nuevo modelo de gestión?

Aquí te contamos los cuatro cambios más grandes que traerán las nuevas normas.

1. Facultades delegadas

Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética".

Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo.

Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso.

No obstante, no será un poder absoluto.

Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.

Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.

También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.

2. El RIGI

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases.

El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$ 200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.

Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura.

Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.

El gobierno considera al RIGI una herramienta clave para atraer capitales que puedan dinamizar la economía argentina.

Según sostiene, las constantes crisis económicas y defaults -o cesación de pago de deuda- han hecho que los inversores desconfíen de Argentina, por lo que, para atraerlos, se requieren incentivos especiales.

Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes), que hoy generan el 70% del empleo.

3. Privatizaciones

La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado.

Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.

Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.

En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.

Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).

4. Reforma laboral

La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década.

La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo "informal", quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.

Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.

Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de "monotributistas", que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.